La evaluación financiera, económica y social Ex – ante (Quinta parte)
El proyecto B sería de interés para el sector privado porque genera un rendimiento financiero atractivo. No obstante, su aporte neto al bienestar económico es negativo, hecho que debe conducir al Estado a tomar medidas para impedir que el proyecto se lleve a cabo. Dichas medidas podrían incluir la imposición de un impuesto para eliminar la atracción al inversionista privado, la aplicación de una normativa que limita o impide la realización del proyecto o la implementación de una regulación que hace que el inversionista tenga que modificar el proyecto de tal manera que se convierta en un aporte neto positivo al bienestar socioeconómico nacional (una regulación ambiental o de empleo, por ejemplo).
El proyecto C genera un resultado financiero negativo y, por tanto, típicamente no sería interesante para los inversionistas privados. No obstante, genera bienestar socioeconómico. Por tanto, el Estado podría proponer una estrategia de subsidio o de incentivos al sector privado para hacer que le sea atractivo el proyecto. Alternativamente, podría modificar precios, impuestos sobre insumos o regulaciones o normas que generan costos al inversionista, para contribuir a que el proyecto generara un rendimiento financiero atractivo al sector privado. Finalmente, otra alternativa para el Estado sería la de ejecución directa del proyecto.
El proyecto D genera resultados netos negativos, tanto en su rendimiento financiero para el inversionista, como en su aporte al bienestar nacional. En consecuencia, no sería de interés a ningún ejecutor potencial. En este caso, las alternativas presentadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos no representan opciones atractivas. Como consecuencia, sería necesario descartar la búsqueda de dichos objetivos o encontrar otras estrategias para su logro.
En resumen, las evaluaciones financiera y económica generan información valiosa, que puede permitir que el Estado fije una posición o unas medidas de políticas para promover aquellos proyectos que aporten al bienestar social. Generan información complementaria y deben interpretarse de forma integral, con miras a la identificación de intervenciones que motiven acciones a favor del bienestar y/o desincentiven iniciativas que perjudicarían el bienestar colectivo.
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